La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) manifestó ayer (el pasado miércoles 18 de enero del 2023) que las nuevas normas sobre el impuesto de sociedades transfronterizo podrían reportar a los gobiernos ingresos adicionales de un cuarto de billón de dólares, más de lo que se había previsto hasta ahora.
Cerca de 140 países se preparan para aplicar el próximo año un acuerdo de 2021 sobre los derechos de los gobiernos a gravar a las multinacionales, con el fin de tener en cuenta la aparición de grandes empresas digitales como Apple y Amazon, que pueden contabilizar sus beneficios en países de baja tributación.
El primer pilar de la reforma pretende reasignar el 25% de los beneficios de las mayores multinacionales del mundo para que tributen en los países donde están sus clientes, independientemente de la ubicación física de las empresas.
El segundo pilar pretende fijar un tipo impositivo mínimo mundial del 15% para el impuesto de sociedades, permitiendo a los gobiernos aplicar una carga complementaria a ese nivel sobre cualquier beneficio contabilizado en un país con un tipo inferior.
La OCDE calcula que el impuesto mínimo generaría 220,000 millones de dólares, es decir, el 9% del impuesto de sociedades mundial, frente a los 150,000 millones de dólares estimados con anterioridad.
Por su parte, la reasignación de los derechos de imposición en el marco del primer pilar de la reforma cubriría 200,000 millones de dólares de beneficios de las multinacionales, frente a los 125,000 millones anteriores.
Los motivos
Según la OCDE, este aumento se debe sobre todo a que los beneficios de las multinacionales son mayores ahora que hace un par de años, ya que el 50% procede de los grandes grupos digitales.
Como resultado de la mayor cobertura de beneficios, se considera que el segundo pilar genera ahora ganancias fiscales de entre 13,000 y 36,000 millones de dólares.
Aunque los países en desarrollo han criticado la reforma por temor a salir perdiendo, el análisis actualizado de la OCDE concluye que los países de renta baja y media son los que más se beneficiarían de la reasignación de los derechos fiscales.
Al mismo tiempo, según la OCDE, que dirige Mathias Corman, los centros de inversión de baja imposición en los que las multinacionales han registrado sus beneficios hasta ahora acabarían renunciando a más derechos fiscales de los que se les asignan.
