Los costos que implica para poder instalar y mantener un negocio son excesivos
Jesús Alberto García | Milenio Tamaulipas
Los comerciantes de Tampico exigen a los diputados poder bajar la carga de impuestos para que lleguen más negocios a la ciudad, porque los pagos que tienen que cubrir muchas veces son excesivos.
“A los diputados federales pedirles que gestionen el freno a los pagos excesivos que hay de manera anual para llevar a cabo licencias de funcionamiento, que sean un poco más conscientes de que el comercio no da para tanto”, declaró Carlos Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tampico.
“Hay que poner reglas un poco más justas y que gestionen en el tema de los costos que implica para instalar un negocio y mantenerlo abierto, muchas veces se incrementan con dobles impuestos”, enfatizó el empresario de Tampico, un municipio que tiene en el comercio establecido a una de sus fortalezas.
“Un negocio debe pagar licencia de funcionamiento, permisos de anuncio, todo lo que implica con Protección Civil; cuando se abre un establecimiento nuevo se entiende, pero de un local se busca que el costo sea razonable, parece que el negocio abre cada año”, sostuvo.
Son más de mil 300 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Tampico, informó el presidente del organismo, pero el plan es que mantenga la confianza y puedan instalarse cada vez más.
Luego de la afectación por la pandemia se tiene que generar confianza entre la iniciativa privada, porque son los negocios quienes generan los empleos en la ciudad, los que de alguna forma contribuyen a una mejora en la economía.
Asimismo, el líder de la Canaco en el puerto remarcó sobre la importancia de que se pueda disminuir los pagos considerados como excesivos, sobre todo porque durante la pandemia no hubo estímulos del gobierno que ayudarán a hacer menor la afectación a la economía.
Recalcó el empresario que también los legisladores deben trabajar en legislaciones enfocadas en mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, luego de que se propone sustituir al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos por el Instituto de Transparencia Gubernamental.
